Este martes la Asamblea General de Naciones Unidas eligió a Chile, por 144 votos, y a Cota Rica con 134, como miembros del Consejo de Derechos Humanos de la organización internacional, para ocupar los asientos correspondientes al Grupo de América y el Caribe, para el período 2023-2025.
En un comunicado, el gobierno chileno dijo estar agradecido de todos los Estados Miembros de la ONU que han apoyado su candidatura «y le han otorgado el honor de trabajar, activamente y desde un lugar destacado, en la promoción y protección de los derechos humanos, el fomento de la paz, la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo sustentable, todos ellos componentes fundamentales de nuestras políticas públicas y también de nuestra política exterior».
En el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, se lee: «Entendemos esta elección no sólo como un gran honor que nos otorga la comunidad internacional, sino también como una gran responsabilidad para con todos aquellos que esperan que el Consejo de Derechos Humanos sea un instrumento eficaz para hacer respetar los principios que guían su misión».
El texto además agrega que lo ven como «un reconocimiento a la participación activa de nuestro país en el ámbito multilateral, en mecanismos y resoluciones tendientes a prevenir la tortura, a promover el derecho a la verdad, justicia y reparación, la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los derechos de las mujeres, de los derechos de las personas LGBTIQ+ y, particularmente, su protección contra la violencia y la discriminación, así como los derechos de los pueblos indígenas2.
La postulación chilena se hizo en junio de 2019, cuando era presidente Sebastián Piñera y pocos meses antes del estallido social de ese país.
En el caso de Costa Rica, esta es la segunda vez en su historia que Costa Rica ocupa un asiento en este Consejo, desde su creación en el 2006. La elección es el resultado de un despliegue diplomático de varios años y de una campaña País, austera y comprometida con este importante órgano de las Naciones Unidas.
«Costa Rica desea agradecer el apoyo de todos los Estados miembros a su candidatura, a la sociedad civil y otros actores relevantes. Mediante su elección, Costa Rica asume el compromiso de proteger, promover y respetar todos los derechos humanos en el ámbito internacional, así como de contribuir decididamente al fortalecimiento del sistema universal de protección y promoción de los derechos humanos, desde la solidaridad y la cooperación internacional», indica la nación centroamericana en el sitio web de su ministerio de relaciones exteriores.
El canciller de la República, Dr. Arnoldo André, recibió con entusiasmo la noticia y recalcó que “Costa Rica siempre se ha caracterizado por defender los principios de universalidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos, promoviendo el diálogo abierto y transparente para buscar soluciones a las múltiples crisis de derechos humanos en todos los rincones del mundo, bajo las consignas de que ningún país debe estar por encima del escrutinio de este órgano de Naciones Unidas y ninguna persona ni población debe estar desamparada de la atención del Consejo de Derechos Humanos”, dijo el canciller.
Costa Rica decidió presentar su candidatura con el fin de contribuir de forma constructiva a los trabajos del Consejo y de todos sus mecanismos, y con miras a participar en la promoción de los estándares más elevados de protección de derechos.
Este triunfo de la diplomacia multilateral costarricense es el resultado de un esfuerzo constante, inteligente y coordinado por parte del personal diplomático de la Cancillería. El vicecanciller para Asuntos Multilaterales, Christian Guillermet Fernández, destacó que “con perseverancia y empeño hemos logrado posicionar a Costa Rica en el prestigioso corazón global de los derechos humanos, que históricamente han sido uno de los pilares de la política exterior del país”.
Costa Rica sirvió por primera vez en el Consejo durante el período 2012-2014, años durante los cuales contribuyó a la articulación de derechos con la promoción de una cultura de paz, así como con el medio ambiente y el cambio climático.
En tanto que Venezuela, que se sienta actualmente en el Consejo, optaba a la reelección, pero numerosos grupos de defensa de los derechos humanos habían pedido votar en su contra por el historial de represión del Gobierno de Nicolás Maduro.
A respecto, el director para la ONU de Human Rights Watch (HRW), Louis Charbonneau, celebró que la Asamblea General haya “cerrado la puerta” a Venezuela y recordó que hay pruebas de que Maduro y otros altos cargos pueden ser responsables de crímenes contra la humanidad.
“Un Gobierno que se enfrenta a este tipo de acusaciones no debe sentarse en el máximo órgano de derechos de la ONU”, señaló Charbonneau tras la votación.
